Este viernes entró en vigor el Plan B de la reforma electoral, propuesta por la presidenta de la República, que fue aprobada en ambas Cámaras del Congreso, la cual reduce la conformación de los gobiernos municipales y congresos locales y limita el presupuesto para el Senado y las remuneraciones de los funcionarios electorales.
Se trata de la modificación de los artículos constitucionales 115, 116 y 134, que finalmente no incluyó ajustar la fecha de la realización de la revocación de mandato para lograr el consenso en ambas cámaras.
El decreto se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 23 de abril, donde se detalla que las legislaturas de las entidades tendrán que armonizar sus marcos jurídicos a más tardar el 30 de mayo.
En el caso de la reducción del presupuesto del Senado, se deberá ajustar de manera progresiva en los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes para alcanzar una caída equivalente al 15% del presupuesto.
Además, especifica que el INE y los organismos locales electorales y tribunales electorales revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestales para garantizar el cumplimiento de la reforma.
El decreto publicado establece que los Congresos no podrán aprobar ampliaciones presupuestarias, transferencias, reasignaciones o cualquier acción que incremente su presupuesto.
