El Consejo Nacional de Seguridad Privada confía en que con la nueva Ley General de Seguridad Privada que se analiza en la Cámara de Diputados, se logre no solo homologar las legislaciones en todos los estados y municipios del país, sino que eliminen vicios y deficiencias, como son: la falta de seguridad social para los empleados, la ausencia de un registro nacional de empresas de seguridad privada, así como el seguimiento a los procesos de blindaje, desde la adquisición de materiales hasta la entrega de producto final, ya que muchos de estos vehículos van a para a la delincuencia organizada.
Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo, destaca además que la falta de una homologación legal genera asimetrías, competencia desleal en el sector y proliferación de empresas “patito”, por lo que “a través de la creación de esta ley general se sienten las bases para que los estados emitan sus propios ordenamientos jurídicos en materia de seguridad privada”.
