Luego de la resolución en Texas que cerró de forma definitiva el expediente en su contra, señala fallas en la integración del caso y violaciones al debido proceso en un asunto vinculado a contratos de Pemex
El empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez fijó postura luego de que una corte federal en Texas desestimara con perjuicio los cargos en su contra, con lo que el expediente quedó cerrado de manera definitiva en un caso relacionado con supuestos pagos indebidos vinculados a contratos de Pemex.
En entrevista, el también abogado afirmó que la resolución judicial evidenció fallas de fondo en la integración de la acusación, particularmente en el manejo de la evidencia presentada por la fiscalía, lo que —dijo— terminó por debilitar el caso.
La defensa de Rovirosa, encabezada por los abogados Ryan McConnell y Lawrence Finder, centró su estrategia en impugnar la validez de las pruebas y exigir apego estricto al debido proceso. Según lo expuesto en el juicio, la acumulación de inconsistencias en la evidencia y la imposibilidad de confrontarla fueron elementos determinantes en la decisión del tribunal.
Rovirosa subrayó que su proceso se ubica entre los menos frecuentes dentro del sistema judicial estadounidense, al tratarse del quinto caso en la historia de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que es desestimado por un juez federal.
“Para casos como el mío, sólo había sucedido cuatro veces antes. El mío fue el quinto caso que fue desestimado por un juez federal”, explicó.
De acuerdo con su versión, la determinación del tribunal respondió a violaciones sustantivas a derechos constitucionales, entre ellas la imposibilidad de confrontar pruebas utilizadas en su contra.
“Se violó un principio esencial: el derecho a confrontar la evidencia usada en mi contra”, sostuvo.
El expediente, añadió, incluyó elementos que no contaban con respaldo técnico suficiente, como traducciones de mensajes electrónicos sin certificación y sin que se presentaran los originales en español.
“No puedes construir un caso con traducciones e interpretaciones que el acusado no puede confrontar. Ni siquiera fueron ofrecidos los mensajes originales”, afirmó.
Rovirosa también cuestionó el alcance de la jurisdicción extraterritorial aplicada en su proceso, al considerar que se utilizó de manera expansiva en un contexto que involucraba a un empresario mexicano con operaciones en ambos países.
Estas herramientas, dijo, forman parte del marco legal estadounidense, pero su aplicación no debe convertirse en un mecanismo generalizado contra actores extranjeros.
A lo largo del proceso, agregó, se construyó una narrativa acusatoria que no logró sostenerse en evidencia sólida, lo que derivó en la intervención del tribunal.
“El sistema no sostuvo la acusación y el juez corrigió lo que tenía que corregir”, señaló.
Finalmente, el empresario indicó que el impacto del caso trascendió lo personal. Afirmó que tanto su entorno familiar como sus empresas —Roma Energy y Rovirosa Group— resultaron afectadas, al igual que terceros sin relación directa con el proceso. Tras el cierre definitivo del expediente, señaló que retomará sus actividades personales y profesionales.
