El indicador pasó de 21 a 43 por ciento, señala especialista de la IBERO
Alrededor de 43 por ciento de la población en México afirma no contar con algún tipo de aseguramiento en salud ni identificar dónde acudir cuando enferma, más del doble del porcentaje de 21 por ciento registrado cuando operaba el Seguro Popular. Así lo señaló Gabriela Luna Ruiz, profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO), al analizar los retos de acceso y financiamiento de la atención médica en el país.
La académica advirtió que aproximadamente la mitad del gasto sanitario sale directamente del bolsillo de las familias, lo que representa una carga especialmente difícil para quienes trabajan sin prestaciones. Además de pagar consultas, medicamentos y estudios, una enfermedad puede obligarlos a dejar de trabajar y perder ingresos. En casos de hospitalización o cuidados intensivos, los llamados gastos catastróficos pueden comprometer el patrimonio familiar.
Luna Ruiz recordó que el Seguro Popular, creado a partir de 2003, buscaba reducir estos gastos y ampliar el acceso a los servicios médicos. Sin embargo, explicó que sus mecanismos de financiamiento presentaban dificultades, pues algunos estados enfrentaban problemas para disponer de recursos suficientes para medicamentos, insumos y determinados pagos de personal. También precisó que estar afiliado no garantizaba necesariamente tener un hospital o centro de salud cercano.
Tras la desaparición de ese esquema, el porcentaje de personas que dicen no tener aseguramiento o no saber dónde atenderse aumentó, de acuerdo con el indicador citado por la especialista. La falta de acceso oportuno también puede llevar a que los pacientes pospongan consultas y permitan que un padecimiento avance hasta requerir tratamientos más complejos y costosos.
Otro pendiente es el financiamiento público: Luna Ruiz señaló que el gobierno mexicano destina menos de 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, frente a una referencia internacional de entre 7 y 9 por ciento para el gasto sanitario total. Para la académica, el reto es garantizar que las personas encuentren servicios disponibles cuando los necesiten, sin que atenderse implique poner en riesgo los ingresos o el patrimonio de sus familias.
