La entrega de información requiere autorización judicial federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obligan a las empresas del sector a conservar datos de sus usuarios, proporcionar información a las autoridades y permitir la geolocalización en tiempo real, siempre bajo controles legales y judiciales.
El Pleno aclaró que conservar estos registros no significa guardar el contenido de llamadas o mensajes, sino únicamente información relacionada con la prestación del servicio. Consideró que la medida puede contribuir a la seguridad pública y a la investigación de delitos, sin vulnerar por sí misma la privacidad ni la protección de datos personales.
Sin embargo, estableció que las autoridades no pueden acceder libremente a esa información. Para obtener los datos conservados necesitan una autorización de un juez federal, debidamente fundada y motivada, que identifique a las personas involucradas, el periodo solicitado y las razones que justifican la entrega, conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Corte también distinguió la geolocalización en tiempo real de la intervención de comunicaciones privadas: la primera permite conocer la ubicación aproximada de un teléfono móvil, pero no acceder a conversaciones, mensajes ni al contenido de las comunicaciones. Esta medida también debe cumplir los requisitos legales y contar con una justificación por escrito de la autoridad competente.



