El Comité Universitario de Ética no deberá utilizar calificativos

El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la suspensión provisional que Sandra de Jesús Zúñiga, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, otorgó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, para que la UNAM no emita información o pronunciamientos sobre el robo de la tesis de licenciatura de la integrante de la Corte, sin embargo, modificó la medida cautelar para que el Comité Universitario de Ética se pueda pronunciar sobre detalles del caso que sean de “interés publicó”, pero deberá hacerlo sin calificativos y tampoco podrá dar a conocer el estado que tienen las investigaciones para no violar la presunción de inocencia de Esquivel Mossa.

El magistrado Salvador Alvarado López, tuvo a su cargo el proyecto de resolución y  consideró infundados los agravios de las autoridades universitarias. “Si se llegara a emitir este dictamen o resolución o se decidiera sobre lo que es tratado el procedimiento, ello podría generar una afectación de muy difícil reparación o de imposible reparación para la quejosa y por eso consideramos justificado que se haya concedido la suspensión en sus términos”.

Por su parte Yuritze Arcos López, secretaria en funciones de magistrada, sostuvo que no fue correcto que la juzgadora les impusiera una restricción absoluta a las autoridades universitarias. “No es correcto que la juzgadora impusiera restricción absoluta a la autoridad responsable para que no se informe a la sociedad respecto al procedimiento en el que está involucrada la quejosa; sin embargo, creo que se debe de modular, si puede ser parte que se informe a la autoridad porque está interesada en tener conocimiento en este tipo de asuntos. Sin embargo, no debe dar pronunciamientos previos respecto de la calidad que tenga la parte quejosa en esos procedimientos que puedan tener comprometida su presunción de inocencia, aunado que en los agravios no está controvertida esa parte del auto recurrido en el sentido de que pudiera dañarse la presunción de inocencia de la parte quejosa”.

Los magistrados subrayaron que este caso es de interés público, por lo que la sociedad tiene derecho a conocer las investigaciones que se realizan, siempre y cuando al hablar del tema se haga con objetividad e imparcialidad.

Alejandro Romano, representante Yasmín Esquivel, dijo que la sociedad debe estar informada, siempre que no se afecte la honorabilidad de su cliente, así como la presunción de inocencia y el debido proceso.

El próximo 28 de febrero la juez Sandra de Jesús, deberá resolver si le concede a la ministra la suspensión definitiva.