248 establecimientos registrados oficialmente

En México existen 248 centros residenciales de tratamiento de adicciones registrados en el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales de la Comisión Nacional contra las Adicciones, aunque un número considerable opera de manera irregular, lo que dificulta su supervisión y monitoreo por parte de las autoridades.

Ante este panorama, el senador Antonino Morales presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para establecer sanciones penales de hasta 15 años de prisión a quienes operen estos centros sin autorización sanitaria o pongan en riesgo la vida, integridad o libertad de las personas. Las penas podrían aumentar hasta en una mitad cuando haya violencia física o psicológica o cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Además, se contemplan multas superiores a 700 mil pesos y clausuras temporales o definitivas.

Estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura documentaron en entidades como Morelos, Nayarit y Oaxaca deficiencias en la regulación y supervisión, modelos de atención sin protocolos clínicos claros, internamientos sin consentimiento informado y casos de privación de la libertad sin control judicial.

Los diagnósticos también advierten la presencia de menores en algunos establecimientos y condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La propuesta plantea supervisión periódica obligatoria, prohibición de aislamiento e incomunicación injustificada, internamiento voluntario y protocolos basados en evidencia, con el objetivo de atender una problemática que, de acuerdo con los estudios citados, ha afectado durante años a miles de personas en el país.