México ocupa el deshonroso cuarto lugar en el mundo en asesinato a personas defensoras del medio ambiente. De acuerdo con Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), en 2024 se documentaron 21 homicidios y cuatro ejecuciones extraoficiales; es decir, perpetrados por un agente del Estado.
Entre las víctimas se encuentran ejidatarios, guardabosques, líderes comunitarios, empresarios, sacerdotes y activistas que se oponían a proyectos extractivos o a la tala ilegal.
Además, se registraron otro tipo de agresiones (94), principalmente la intimidación, el hostigamiento y la criminalización. Los estados con más casos fueron Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla.
“Por sector, el mayor riesgo de agresiones se ve en el agropecuario, vías de comunicación y sector forestal”
“Hay que atajar con mucha decisión y con mucha voluntad la impunidad. Estás agresiones, por lo general, no se investigan y no se sancionan; digamos que hay una impunidad del 99 por ciento”, declaró en conferencia.
Por su parte, Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reconoció que, en el país, defender el patrimonio natural y el territorio son labores que han costado muchas vidas.
Al respecto, aseguró que trabaja con la Secretaría de Gobernación y el Congreso por fortalecer el mecanismo de protección de las y los activistas:
“Ninguna persona, hombre, mujer, joven, debería correr peligro por tomar la decisión de proteger su territorio, de proteger la vida, de proteger los ecosistemas”, agregó.
Cabe mencionar que México es firmante del Acuerdo de Escazú, que garantiza la protección de personas defensoras del medio ambiente; sin embargo, su implementación ha sido débil.
