La falta de especialistas retrasa diagnósticos y agrava problemas visuales
La falta de optometristas en el sistema público de salud limita la detección oportuna de enfermedades visuales y puede contribuir a que los pacientes lleguen a consulta cuando el daño ya es grave. Durante un foro en el Senado de la República, especialistas pidieron impulsar cambios legales para incorporar a estos profesionales a los servicios públicos, donde podrían realizar valoraciones iniciales y canalizar a quienes requieran atención especializada.
El senador Luis Fernando Salazar Fernández, organizador del encuentro, expuso la dimensión del problema: “En México, una investigación sobre la salud visual de la población estimó que en el año 2019 había alrededor de 11 millones de casos de ceguera o de deterioro visual. Hay quienes posponen una revisión por su costo, porque tienen que trasladarse lejos para encontrar atención y quienes no saben aún que necesitan una valoración”.
Christian García, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, advirtió que la discapacidad visual ocupa el primer lugar entre las discapacidades en el país y relacionó esta situación con las deficiencias en la atención primaria. Los optometristas, sostuvo, pueden contribuir a detectar problemas antes de que avancen y referir a los pacientes con otros especialistas cuando sea necesario.
En ese sentido, Irma Estela Rivera, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuestionó que estos profesionales no estén plenamente incorporados a los servicios públicos: “¿Por qué esperar a perder la visión para que nosotros podamos entrar al sector salud? ¿Por qué esperar que nuestra población requiera un apoyo específico para que nosotros, que estamos capacitados para preservar esa salud visual, nos volteen a ver?”. El planteamiento es fortalecer la atención preventiva, en lugar de esperar a que las personas presenten daños severos.
El problema también tiene consecuencias económicas. Durante el foro se señaló que, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, el impacto económico de la discapacidad visual supera los 595 millones de dólares anuales en México. Los participantes plantearon que el tamizaje visual —es decir, las revisiones para identificar posibles alteraciones— podría ayudar a detectar casos oportunamente y reducir parte de esos costos.
La escasez de personal es otro obstáculo. Perla Lorena Ayón, secretaria del Colegio Mexicano de Optometría Pediátrica, afirmó: “Para una población de más de 134 millones de personas, actualmente existen menos de 10 mil optometristas y cabe resaltar que más del 50% no tiene cédula profesional. Según la OMS, debería de haber aproximadamente un optometrista por cada 10 mil personas, por lo tanto en México existe un déficit crítico de 50 mil profesionales de la salud para atender la demanda real del país”.
Los especialistas también alertaron sobre el ojo seco y otros problemas asociados con la edad, las enfermedades crónicas y la exposición prolongada a pantallas. José Neri Ordóñez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentó cifras sobre los síntomas en distintos grupos de población: “México, síntomas en adultos de 50 años o más, vamos a tener hasta un 41% de situaciones en ese en ese rubro. Tenemos una sintomatología grave en nuestra Ciudad de México, que podemos llegar hasta tener hasta un 43% de pacientes con diagnóstico de ojo seco y enfermedades reportadas en una muestra más o menos de 10 estados, estamos hablando hasta un 63%”.
Ordóñez también identificó a los grupos que requieren especial atención: “¿Quiénes son nuestras personas que requieren mayor atención? Niñas y niños jóvenes con alta exposición digital, personas trabajadoras frente a dispositivos electrónicos, adultos mayores o con enfermedades crónico degenerativas, usuarios de lentes de contacto y mujeres y pacientes con enfermedades autoinmunes”.
La propuesta planteada en el Senado es avanzar hacia la incorporación de optometristas al sistema nacional de salud, con el objetivo de ampliar las revisiones preventivas, facilitar los diagnósticos oportunos y canalizar a los pacientes que necesiten tratamientos especializados. Los participantes insistieron en que la atención visual no debe depender únicamente de la posibilidad de pagar una consulta privada o trasladarse largas distancias para recibir una valoración.








