Tras afirmar que la toma de casetas provocó en 2020 un quebranto a las arcas de la Federación de más de cuatro mil millones de pesos, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado aprobó un dictamen que envió la Cámara de Diputados para sancionar a las personas que, con el fin de obtener un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.
Por ello, se establecerán sanciones de tres meses a siete años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Con ello se castiga la práctica reiterada de los actos de bloqueo que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país y que, de forma recurrente, se han visto afectadas al ser tomadas por diversos grupos.
Dichas acciones, se expone en el documento aprobado, representaron un quebranto, en 2020, por cuatro mil 121.7 millones de pesos a las arcas de la Federación.
En el dictamen, los senadores reconocieron el derecho de los ciudadanos a manifestarse de manera libre y pacífica, como un derecho consagrado en la Constitución Política.
No obstante, asentaron, las tomas de casetas, que en un principio respondían a medidas extremas adoptadas por sectores para hacer notar sus demandas, ahora se han convertido en puntos de elevado peligro, al tener por objeto la extorsión a los usuarios.
