Foto: Cámara de Diputados
En sesión extraordinaria los diputados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reforma y adicionan disposiciones de varias leyes. A pesar de que la oposición manifestó sus reservas. Y el PRD votó en contra
En tribuna, Mariana Rodríguez Mier y Terán del PRI, manifestó su preocupación por la que “la relevancia de la concurrencia de los procedimientos de extinción y el penal, y sobre todo, el destino de los bienes que se logren con este mecanismo. Nos preocupa que sirvan de caja chica al Ejecutivo de la República”.
Asimismo, dejó claro su preocupación porque el “Ministerio Público podrá realizar aseguramiento de propiedades o cuentas bancarias de forma preventiva, incluso cuando no se haya planteado aún la petición de inicio del juicio de extinción. Nos preocupa la carga de la prueba sobre el ciudadano para probar su buena fe, y no cuando estamos hablando de criminales, sino de terceros venidos a estos juicios, cuando no han tenido nada que ver en la comisión de ilícitos”.
El documento, además de expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Define a la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva una contraprestación ni compensación.
Los bienes susceptibles de extinción son aquellos que sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlos. La ley determina cuáles delitos serán susceptibles de extinción de dominio.
Los delitos son: secuestro; delincuencia organizada; los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.
