Luego de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública se convirtió en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual absorberá las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como la transparencia de la gestión pública, la vigilancia y el acceso a la información pública.
La dependencia que encabezará Raquel Buenrostro tendrá una serie de facultades, entre las cuales también se contemplan el impulso de la modernización administrativa, la fiscalización, realización de auditorías y el poder para decidir qué información es de ‘interés público’ para difundirse a la población.
También, a la Secretaría Anticorrupción le corresponde el diseño de políticas en materia de transparencia y garantizar la participación ciudadana a través de procedimientos y mecanismos, según se detalla en el marco normativo sobre su creación.
Algunas organizaciones civiles se han manifestado en contra de la creación de esta nueva institución, al asegurar que se trata de una gran vulneración a los avances institucionales en materia de transparencia y derecho de acceso a la información.
De esta manera, han expresado que se abre la puerta a que la entrega de la información y la transparencia quede subordinada al Poder Ejecutivo o exista interferencia directa del poder público sobre qué es aquello que se entrega.
