El tráfico de restos humanos, los cuales son exhumados de manera ilegal en panteones del país, podría ser castigado hasta con ocho años de prisión y una multa de 500 a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con una iniciativa del diputado federal del Partido Verde, Fausto Gallardo.
La propuesta busca reformar la fracción III del artículo 280 del Código Penal Federal y fue enviada a la Comisión de Justicia. En esta se detalla que se considera comercialización a la transferencia de restos humanos a cambio de un beneficio económico.
Sin embargo, esto no aplica a la exhumación que se realice por instituciones públicas, académicas o científicas que tengan la autorización para el manejo de restos humanos con fines de investigación, estudio y forense.
La iniciativa detalla que la práctica ha crecido en el país, con una vulneración a la dignidad post mortem y los derechos de las familias de la persona fallecida.
Los precios de los huesos y osamentas van desde los 200 pesos hasta los 35 mil pesos, pues existe una falta de regulación que permite que crezca este delito.
Al respecto, la Ciudad de México tiene una de las más altas incidencias de la comercialización de restos humanos, sobre todo en el Panteón San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, con múltiples casos donde los empleados del propio cementerio están involucrados.
