El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 contempla la entrega de 1 mil 700 millones de pesos en recursos para la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual fue aprobada recientemente por la Cámara de Diputados para absorber las funciones de transparencia, protección de datos personales y combate a la corrupción.
En comparación con el presupuesto de 2024, cuando aún fungía como la Secretaría de la Función Pública (SFP), representa un aumento de 62 millones de pesos para la dependencia que estará encabezada por Raquel Buenrostro.
De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fueron avaladas en San Lázaro, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá el poder para determinar qué información es de ‘interés público’ para difundirse a la población.
Además, se encargará del diseño de políticas en materia de transparencia y garantizar la participación ciudadana mediante procedimientos y mecanismos.
Algunas organizaciones civiles han mostrado abiertamente su rechazo a esta nueva dependencia del gobierno federal, debido a que aseguraron que se abre la puerta a que la entrega de información o transparencia quede subordinada al Poder Ejecutivo.
Asimismo, han calificado su creación y una posible desaparición del INAI como una gran vulneración de los avances institucionales en materia de transparencia y derecho a acceso a la información pública.
