Hombres condenados y sentenciados por violencia familiar, deudores alimentarios y agresores sexuales, no podrán ocupar un cargo en dependencias y órgano desconcentrados del Gobierno de la Ciudad de México, ni en las unidades administrativas de las 16 alcaldías.
Así se aprobó este jueves en las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México.
Los diputados locales coincidieron en que la reforma fomentará que los cargos de la administración pública local, estén ocupados por perfiles adecuados que privilegien el principio de integridad.
A partir de la aprobación de este dictamen, quienes aspiren a un cargo público deberán cumplir varios requisitos:
-No contar con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; por delitos contra la libertad, seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, establecidos en la legislación penal aplicable.
-No contar con sentencia firme por el delito de violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, establecidos en la legislación penal aplicable.
-No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a menos que se acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.
Se prevé que este dictamen sea aprobado en el Pleno durante el próximo periodo ordinario que arranca en septiembre.
