Ante el surgimiento de supuestos profesionales que brindan servicios de salud mental en el país, en la Cámara de Diputados promueven una reforma para endurecer las sanciones y actualizar el marco legal con modificaciones a los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal.
La iniciativa de la legisladora priista Fuensanta Guadalupe Guerrero propone que la pena de prisión se eleve a un periodo de entre tres y 10 años, pues actualmente el límite es de seis años. Además, también se busca el incremento de multas.
Otro de los objetivos de la reforma es reforzar la Ley General de Salud, como el artículo 79, en el que se establece que un profesional del área de la salud debe tener el respaldo de un título y cédula profesional.
Aseguró que se ha vuelto frecuente que haya quienes no cuentan con la formación académica o acreditación, por lo que exponen a las personas a diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados y daños psicológicos irreversibles.
Además, expuso que este fenómeno desacredita la labor de los profesionales que realmente tienen la preparación debida.
Agregó que estas prácticas ilícitas atentan contra el derecho a tener una atención especializada.
