Luego de ocho horas de un intenso debate en San Lázaro, diputados de Morena y aliados aprobaron con 335 votos a favor la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa mediante la modificación del artículo 19.
De última hora, se aprobaron las reservas propuestas por el presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para no considerar como delitos graves el narcomenudeo, la defraudación fiscal e incluir la distribución de precursores químicos para la elaboración de drogas.
Entre los señalamientos de la oposición acerca de que está medida cautelar significa la violación de los derechos humanos de los más desprotegidos, se avaló que la extorsión, contrabando, operaciones con facturas falsas, así como la producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas como el fentanilo se castiguen con prisión automática.
“Significa cárcel en automático para los pobres que no pueden pagar abogados millonarios, es cárcel automática para las juventudes marginadas, a quienes los militares les siembran drogas, es cárcel automática para las mujeres indígenas a las que el Ministerio Público les niega un intérprete. No, no está en prisión preventiva la clase privilegiada del país”.
Afirmó la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, sobre los peligros que representa la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, sobre todo para los que menos tienen.
Organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas (ONU) han asegurado que está ampliación del catálogo significa atentar contra el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la libertad personal.
