El director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Antonio Molina, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Esto fue como parte de la acusación por la muerte de 40 indocumentados en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La Fiscalía General de la República, solicitó que le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pero el juez federal, confirmó que el segundo funcionario de más alto rango en el Instituto Nacional de Migración, después del comisionado Francisco Garduño, continúe su proceso en libertad.
Los representantes de la FGR denunciaron que el directivo del INM nunca supervisó las condiciones en que se encontraba dicho centro de detención, a pesar de que tenía conocimiento de cómo se encontraba.
También se determinó fijar en tres meses el plazo del cierre de investigación complementaria.
