La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que solicitó a Interpol México y al Instituto Nacional de Migración la emisión y publicación de una Ficha Roja y una Alerta Migratoria, respectivamente, contra Raymundo Martínez Carbajal, alcalde Toluca, Estado de México, para evitar que salga del país.  

En un comunicado, la dependencia precisó que el funcionario cuenta con una orden de aprehensión por el probable delito de secuestro exprés en agravio de su exsuegro, la cual no se pudo ejecutar durante diversos operativos y cateos realizados en los municipios de Toluca y Metepec, así como en despliegues en las inmediaciones del Palacio Municipal y del Centro de Comando y Control (C2) del ayuntamiento, por lo que se le considera sustraído de la acción de la justicia.  

Además, la Fiscalía investiga a otras seis personas, quienes habrían ayudado al alcalde en los hechos ocurridos el 12 de abril pasado, cuando policías municipales ingresaron sin orden judicial o causa justificada a las oficinas particulares de la víctima, identificada como O.E.R.C y quien también se desempeñaba como servidor público en Toluca, para privarlo de la libertad y trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio.  

Los hechos fueron denunciados por la hija de la víctima, identificada como D.V.R.R, quien en ese entonces estaba casada con el alcalde, quien condicionó, con amenazas y lenguaje ofensivo, la libertad de su exsuegro a la devolución de documentos de carácter personal, por lo que la investigación se realiza con una perspectiva de género, dada la relación de carácter conyugal que existía.  

Raymundo Martínez Carbajal podría alcanzar una pena de 40 a 80 años de cárcel por el probable delito de secuestro exprés, en su modalidad de extorsión, la cual podría aumentar 10 años por haber allanado un inmueble para privar de la libertad a su víctima, con quien tenía un parentesco.  

La Fiscalía aseguró que continúa con las acciones operativas y de investigación para ubicar y detener al alcalde y a los otros seis investigados, a quienes, no obstante, se les debe considerar inocentes hasta que exista una condena en su contra.