21 personas y 25 empresas fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaladas como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) e incluye a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; menciona a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, así como integrantes de su círculo cercano, operadores financieros y personas que, según las autoridades estadounidenses, facilitan las operaciones del grupo criminal.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identifica a “Mayito Flaco” como actual dirigente de Los Mayos, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.
En el apartado dedicado a Baja California, señala que Los Rusos, una estructura de Los Mayos encabezada por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, mantiene presencia en Mexicali mediante violencia y presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales.
En el centro de lo que denomina un esquema de “narcocorrupción”, ubica a Carlos Alberto Torres Torres y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; el primero señalado como operador político, mientras el segundo es acusado de recibir sobornos y lavar recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
El comunicado también menciona a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, a quien Estados Unidos acusa de mantener una alianza con “El Ruso” y recibir sobornos a cambio de permitir presuntamente que el Cártel de Sinaloa tuviera influencia sobre la Policía Municipal de Mexicali para facilitar actividades de narcotráfico.
Como consecuencia los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más de una o varias personas sancionadas.
Las regulaciones estadounidenses prohíben transacciones que involucren sus bienes o intereses, salvo que exista una autorización o excepción aplicable.
