La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, la mujer de origen salvadoreño que murió el sábado pasado, tras ser detenida y sometida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo.   

Detalla que va a integrar un expediente de queja para investigar posibles actos u omisiones cometidos por servidores públicos del ayuntamiento de Tulum y de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, que pudieran resultar en graves violaciones a los derechos humanos.   

En un comunicado, el organismo autónomo, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, recuerda que los lamentables hechos ameritaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo por el probable uso excesivo de la fuerza pública.   

Reitera la obligación del Estado mexicano de garantizar a las mujeres una vida libre de agresiones y sus derechos humanos, que son parte inalienable de los derechos humanos universales, contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y otros instrumentos internacionales en la materia.