Presidenta podrá designar cargos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo que se mantiene vigente la facultad de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, para realizar nombramientos de titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas sin consultar al Consejo General.
Con seis votos a favor, el pleno aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, quien consideró que la norma impugnada es de carácter electoral, por lo que la controversia constitucional no era la vía adecuada para combatirla.
Durante la discusión, se incluyó el siguiente posicionamiento:
“Pretender que hay normas electorales indirectas y normas electorales directas, me parece que es estar cambiando el sentido de la Constitución y yo creo que no debe hacerse, por qué, porque nuestra Constitución es una norma escrita, no deja lugar a dudas de cuál es el campo de acción de cada instituto o de cada órgano autónomo. Yo difiero de la opinión del ministro, no creo que por esas disposiciones se esté afectando, ni la independencia, ni la autonomía del INE”.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf manifestó su desacuerdo con la resolución, al argumentar que los preceptos impugnados regulan la organización interna del INE y, por tanto, sí podían ser combatidos mediante controversia constitucional. Señaló que negar esta vía implicaría limitar el acceso a la justicia de las y los consejeros electorales.
“Aquí, el INE no impugna los decretos en su totalidad, sino solo un par de preceptos que no regulan el desarrollo de un proceso electoral, ni inciden directamente en el ejercicio del sufragio, sino que reconfiguran los aspectos relativos a la organización interna, al funcionamiento administrativo y a la distribución de competencias de los órganos del propio instituto. Sería, en todo caso, de una naturaleza indirectamente electoral, puesto que la esencia del planteamiento involucra una posible afectación a la autonomía e independencia del instituto del órgano actor”.
Esta postura fue respaldada por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien sostuvo que las normas controvertidas impactan de manera directa en la autonomía e independencia del INE, al modificar el régimen de nombramiento de cargos clave y las facultades de coordinación administrativa del organismo electoral.
