Con el objetivo de regular los productos en los Centros Federales de Reinserción Social y proteger los derechos de consumo de las personas privadas de la libertad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor.
El acuerdo busca garantizar que los productos comercializados en las tiendas institucionales de los Penales federales cumplan con las normas de calidad y precios de mercado, a fin de evitar sobre precios y abusos.
El convenio establece que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social enviará a PROFECO un catálogo de los productos que se ofrecen a las personas en situación de reclusión para que sea revisado y se determine si los precios son justos y adecuados a la normativa vigente.
