La reforma electoral permitiría que las personas en prisión preventiva voten en los centros penitenciarios donde existan las condiciones de seguridad necesarias, de acuerdo con el artículo 284 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya discusión será retomada por el Congreso de la Unión el siguiente año.
En el proceso electoral de 2021, el INE aplicó una prueba piloto en cinco Centros Federales de Readaptación Social, en el que se alcanzó una participación del 94.53% de las personas privadas de la libertad.
Con este resultado, INE concluyó que es necesario diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención, que permitan implementar procedimientos electorales y generar condiciones que fortalezcan el ejercicio del sufragio de las personas presas.
