El Pleno del Senado aprobó por unanimidad reformó la Ley General de Comunicación Social para que los estados y municipios puedan determinar sus propios límites de gasto del Programa Anual de Comunicación Social.
“Con el fin de combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, así como permitir una administración recta y prudente del erario, con el fin de informar a la población sobre las campañas de los entes públicos”, explicó la senadora Mónica Fernández.
La oposición celebró la rectificación de este tema que calificaron como inconstitucional: “no se trata de un solo error normativo, sino que todo el cuerpo legislativo en materia electoral que se aprobó es inconstitucional. Además, recordó que su bancada presentó argumentos durante todo el proceso legislativo en contra del proyecto”, señaló Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano.
El dictamen fue remitido el Ejecutivo Federal.
