Tras el recorte del 75% al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se corre el riesgo de que sus actividades esenciales se frenen o incluso se paralice su funcionamiento.
Advirtió la titular del organismo Mara Gómez Pérez, explico que el impacto será mayor en comparación a otras áreas del gobierno, ya que no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.
Aunado a que se tienen 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
