Una profesionistas de 28 años de edad sufrió lo que a diario experimentan decenas de mujeres en la Ciudad de México, en delitos cometidos por sus parejas sentimentales, como violaciones a la intimidad sexual, indiferencia del poder judicial, y el peor, impunidad en su caso.
La víctima quien pidió se omitiera su identidad, enfrentó el peor momento de su vida cuando escuchó de un juez del poder judicial capitalino que su agresor Carlos Ruiz Viquez Cuevas, coordinador del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quedaba exonerado de las acusaciones que formuló en su contra por evidenciar y transferir imágenes de contenido sexual de su persona.
La afectada confió en las instituciones de la ciudad de México y atendió el llamado que cada semana hace la Fiscal Ernestina Godoy, por lo que acudió en 2021 a presentar una denuncia por delitos contra la intimidad sexual y tentativa de feminicidio en contra Carlos Ruiz Viquez Cuevas.
Él le advirtió que nada pasaría, pues tenía las suficientes relaciones y contactos para que el caso quedará en la ignominia.
El agresor tuvo suficiente razón pues el caso pasó del Ministerio Público, al Tribunal Superior de Justicia donde se desahogaron todas las pruebas y evidencias en contra del imputado.
Dichas pruebas consistieron en mensajes de tipo íntimo, fotos de ella desnuda y teniendo relaciones sexuales, que este individuo compartió con sus amistades y amenazas que sufrió cuando optó por denunciar dicho delito.
El tortuoso juicio, que careció de perspectiva de género, se extendió por más de medio año, y al final cuando el Tribunal de enjuiciamiento emitió su determinación, la víctima escuchó del Juez Daniel Urriste lo que ninguna otra mujer quisiera enterarse: El Acusado es Inocente.
El agravió no concluyó con la sentencia no condenatoria, sino con tantos problemas de carácter sicológico, económico y social que ahora enfrenta la víctima de 28 años de edad, quien ve con tristeza y arrepentimiento, el haber hecho publico en un juicio su caso, pues el daño moral le quedará de por vida.
La joven trabajadora tuvo un segundo respiro cuando sus abogados la convencieron de presentar un recurso de apelación el cual se encuentra en la Séptima Sala Penal, asentado en el expediente 005/2221-2021, desde el 8 de abril.
Independientemente de que confía en la probidad y experiencia del Tribunal de Alzada, la mujer pidió que sea atendida por la Fiscal Ernestina Godoy Ramos y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Rafael Guerra Álvarez.
Lo anterior por el temor que siente de sufrir una agresión en su contra, pues consideró que es muy alta la posibilidad, y puso como ejemplo lo sucedido en noviembre de 2019 a Abril Cecilia Pérez, quien fue ejecutada a balazos por un grupo de sicarios contratados por su esposo, luego de la denuncia y el proceso que enfrentó por la paliza que en un principio casi le cuesta la vida.
Pidió A Guerra Álvarez y Godoy Ramos que eviten que sea un número más de la estadística de los tantos feminicidios que han ocurrido, por el machismo en este caso de su ex pareja, o por la indolencia e indiferencia de los jueces.
La víctima pide revisar la carpeta de investigación CI-FIMH/MH-3/UI-1S/D00068/02-2021 para que el Ministerio Público pueda apelar también la decisión del juez, pues su agresor sigue libre por el “poder económico” que tiene y la continúa amenazando.
Incluso, la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro), dio a conocer que la defensa de las víctimas han promovido quejas ante el Consejo de la Judicatura capitalina y la Fiscalía de la Ciudad de México, en contra del juez de control Daniel Urriste, por actuar en contra de la justicia y de las afectadas por parte del.
Datos de la Conapro indican que en el IPN hay 92 denuncias por violencia de género, según las actas administrativas , pero sólo en 13 casos se ha rescindido la relación laboral personal del IPN.
Además de las acusaciones de violencia e intento de feminicidio, hay otras que involucran a dicho coordinador en casos de corrupción en la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuando gobernador de Veracruz.
Destaca que en octubre pasado, Viquez Cuevas estuvo en la inauguración del
Ciclo de Conferencias de Ciberseguridad “Ponte en Guardia”, con la presencia del director del IPN y autoridades de la Guardia Nacional, donde se habló de delitos en el ciberespacio, violencia de género e incluso de la llamada Ley Olimpia que castiga la exhibición de imágenes de contenido íntimo, con lo que se daría cuenta de que sabe en qué consisten los delitos que se le imputan.
