Exigen investigar a juez que favoreció a administración ilegal de la cementera Cruz Azul

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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene datos suficientes para iniciar un procedimiento administrativo y sancionar al Juez Quinto de Distrito Civil en Ciudad de México, Alejandro Dzib Sotelo acusado por su conducta irregular y desapego a la imparcialidad en el caso de la cementera la Cruz Azul.

Los cooperativistas pidieron al próximo presidente o presidenta  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que ponga especial atención en casos de corrupción como la que impera en el órgano a cargo del Juez  Dzib Sotelo.

La actuación irregular del juzgador ha generado no sólo pérdidas económicas millonarias, sino el quebranto de la misma empresa y de sus trabajadores que lo único que piden es que enderece el estado de derecho.

Los cooperativistas que llevaron el caso ante los Tribunales federales, para hacer valer la legalidad en la presidencia de Federico Sarabia Pozo, expusieron en la queja presentada ante el citado órgano la evidencia y el modus operandi para favorecer a la parte que ostenta ilegítimamente la presidencia de la cooperativa.

Confiaron en que el órgano colegiado investigue a fondo al juez Dzib Sotelo y su secretario Raymundo Esteban Alor, quienes han frenado amparos que dan la razón jurídica a Sarabia Pozo.

Señalan los cooperativistas que confían plenamente en el CJF, órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación.

En dicha queja expusieron detalladamente el mecanismo que siguieron para favorecer la operación que ahora llega a su fin con el reconocimiento que se hizo de Sarabia Pozo como nuevo titular de la administración de la Cruz Azul, por el juez 59 civil de la Ciudad de México y por instrucción del mismo Juzgado Quinto de Distrito Civil, por instrucción de un secretario distinto a Esteban Alor.

En ese entramado de complicidades también se menciona a los abogados Rafael Anzúres y David Cohen, señalados por los cooperativistas como los posibles corruptores de los actos que se fraguan en dicho espacio judicial en contra de la legítima administración de Sarabia Pozo.