Denuncian tortura y negligencia.

A cinco meses de la muerte de Frank Ospina, migrante colombiano detenido en Reino Unido , la ONG Medical Justice solicita que se abra una investigación en el centro de detención de Brook House, en la que Ospina esperaba su deportación, después de las polémicas declaraciones que hicieron sus familiares a la BBC de Londres.

Esta Organización afirma que los casos de violencia contra migrantes han aumentado desde que el Parlamento británico adoptó el proyecto de ley contra la inmigración ilegal, que restringe el derecho de los extranjeros al asilo en esta región.

Frank Ospina llego a Reino para trabajar como lavaplatos mientras esperaba a que comenzara su semestre en el Máster al que estaba inscrito en España. Fue detenido el 3 de marzo en una redada de agentes por no tener un permiso de trabajo.

Las autoridades del centro de detención afirmaron que el joven se quitó la vida un mes después de haber sido aprehendido. Frente a esta declaración, la familia Ospina respondió: “suplicó que lo ayudáramos a salir de ahí […] lo llevaron al límite de la cordura”.

La familia Ospina afirma que nunca padeció problemas de salud y que la verdadera causa de su muerte fueron las deplorables condiciones en las que lo tenían. “Mi hermano era ingeniero civil y se graduó en la mejor universidad pública de Colombia”, afirmó la hermana de la víctima.

El 21 de marzo, días antes de quitarse la vida, Frank llamó a la ONG Bail for Immigration Detainees. Su asesor declaró que el joven estaba preparado para salir de Reino Unido bajo el esquema de retorno voluntario y que no trataba de evitar su deportación. A pesar de eso, no fue deportado, sino que fue puesto en “supervisión constante”.

Medical Justice señala que, además de Frank Ospina, se conocen otros 66 casos en los que se presentó violencia contra los migrantes detenidos y 16 en los que los migrantes han tratado de quitarse la vida. De estos, sólo 5 se han revisados.

Una investigación prevista para los próximos meses examinará las condiciones dentro de los centros de detención. Se espera un informe detallado el 19 de septiembre de este año.

Con información de Natalia Arreola Becerril.