La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó restablecer o crear un fideicomiso destinado a la ayuda, asistencia y reparación integral del daño para víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.
Por unanimidad, declararon inconstitucional que el Gobierno Federal haya suprimido dicho fondo en la Ley General de Víctimas en noviembre de 2020, ante la necesidad de recursos para atender la pandemia por COVID-19, lo que ocasionó una falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado.
“Por ende, aún en las circunstancias más excepcionales, la legislación establecía una obligación para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consistente en mantener un presupuesto mínimo fijo en el Fondo (de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral) -que fue eliminado-, con el objetivo de satisfacer el derecho humano a una ‘reparación integral del daño’, correspondiente las víctimas de hechos ilícitos en términos de la Ley General de Víctimas’’, se lee en la resolución.
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso en su proyecto que ahora los recursos destinados al fondo no deben estar por debajo del 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior.
Cabe mencionar que la resolución se originó gracias al amparo en revisión 675/2022, solicitado por la asociación civil Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
