El incremento de sanciones penales contra la tala ilegal es el contenido de una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado del PT, Adrián González.
Se establece una actualización de las penas para que se impongan de un año a veinte años de prisión y multas de tres mil a veinte mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien desmonte, tale, destruya o derribe árboles en áreas verdes, áreas de donación, terrenos forestales, selvas o zonas de vegetación, que no cuenten con la autorización correspondiente.
Asimismo, para quien altere o falsifique los documentos relacionados para el aprovechamiento forestal.
Además, se contemplan agravantes cuando la tala ilegal ocurra en Áreas Naturales Protegidas, áreas verdes y de donación que involucren a especies endémicas o en riesgo.
Al respecto, se establece hacer obligatoria la reparación integral de daño ambiental como medida imprescriptible, pues un juez ordenará la restauración y reforestación de la superficie afectada.
Será competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en coordinación con autoridades estatales y municipales, podrán presentar denuncia penal inmediata ante el Ministerio Público Federal por cualquier acto de tala ilegal detectado.
