La diputada federal del Partido Verde, María del Rocío Corona Nakamura, impulsa una iniciativa para establecer que quienes no cuenten con la autorización otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no podrán operar, ofertar servicios ni ostentarse o promocionarse como Instituciones de Tecnología Financiera, a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital.
La reforma propone cambios a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y establecer que éstas deberán proporcionar a sus clientes el contrato que respalde sus servicios en donde se señale con lenguaje sencillo y claro la totalidad de conceptos, montos, retenciones, intereses o cualquier otro cargo que se cobrará.
Finalmente, no podrán bajo ninguna circunstancia, cobrar intereses más allá del tiempo de duración de los contratos; modificar los términos, plazos, montos o condiciones acordadas durante el tiempo que dure el contrato; así como impedir o penalizar el pago anticipado de los préstamos o créditos.
