La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con ayuda del Ejército Mexicano, clausuró 11 aserraderos que operaban de forma clandestina en 13 estados donde se han identificado zonas críticas forestales.
Desde el pasado 14 de noviembre la dependencia ejecutó acciones simultáneas de inspección y vigilancia en inmuebles que comerciaban con maderas de circulación ilegal.
En total, se aseguraron más de 482 metros cúbicos de madera de pino, parota y algunas especies tropicales, así como dos vehículos y 15 maquinarias.
Las acciones de inspección –que en algunos casos continúan–, se llevaron a cabo en: Escárcega, Campeche; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua; Ajusco-Lomas de Tepemecatl en Ciudad de México; Pueblo Nuevo, Durango; Zempoala-Ocuilan, Estado de México.
Además de Acaxochitlán, Hidalgo; la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán; Zempoala-Huitzilac, Morelos; Galeana, Nuevo León; Carrillo Puerto, Quintana Roo; Zona de Influencia del Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala y la zona sur de Yucatán.
La Profepa informó que los procesos de revisión en algunas de las entidades aún continúan.
“No vamos a bajar la guardia, estaremos vigilando e inspeccionando de manera permanente, con la colaboración de las instituciones de seguridad y en coordinación con las autoridades ambientales”, enfatizó la procuradora Mariana Boy.
La tala ilegal no solo amenaza a los ecosistemas forestales, sino que además debilita la organización de los dueños de los territorios y representa una competencia desleal para los emprendimientos forestales comunitarios legales y sustentables que son ejemplo a nivel mundial de cómo aprovechar los bosques de manera justa y sustentable.
