La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso multas por un total de 1.3 millones de pesos a dos plantas generadoras de electricidad en Baja California Sur, tras confirmar que no cumplen con los límites máximos de emisiones contaminantes establecidos en las normas ambientales y de salud.
Se trata de la Central de Combustión Interna (CCI) de La Paz, multada con 610 mil 956 pesos, y la Central Termoeléctrica de Punta Prieta, sancionada con 678 mil 840 pesos. Las irregularidades detectadas incluyen falta de registros de operación, omisiones en los reportes de emisiones, ausencia de datos sobre consumo de combustibles y fallas en el mantenimiento de equipos para controlar contaminantes.
La investigación se reactivó gracias a un juicio de amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), después de que una jueza de distrito ordenara reabrir el caso. Profepa había cerrado en 2023 una denuncia popular presentada por la organización sin realizar las inspecciones correspondientes.
Al respecto, Mario Sánchez, director de la Oficina Regional Noroeste del CEMDA, advirtió:
“Las multas no reparan el daño ambiental ni reducen las emisiones que afectan la calidad del aire en La Paz. La legislación es clara: la autoridad debe ordenar medidas correctivas para proteger la salud de la población”.
La Alianza por la Calidad del Aire se sumó al llamado y exigió a las autoridades locales acompañar las sanciones con una estrategia integral que impulse la transición hacia fuentes de energía limpias.
La Paz es el principal centro energético de Baja California Sur; la mayor parte de la electricidad estatal se produce aquí con combustibles fósiles, lo que genera impactos negativos en la salud y el medio ambiente.
