La expedición de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión no tendrá un impacto en el presupuesto de egresos, determinaron los diputados al someterla a discusión en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Argumentaron que no se prevé un mayor gasto, debido a que su combate se daría a través de la coordinación y cooperación entre las instituciones de seguridad e impartición de justicia.
“La eventual aprobación de la iniciativa no generaría impacto presupuestal para el erario federal, dado que la política pública del gobierno federal, en materia de combate a la extorsión y los delitos relacionados con estos se basan en la coordinación y cooperación entre las instituciones de seguridad pública de la federación y los gobiernos locales”.
Así lo afirmó el diputado y coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, quien apuntó que no se tendrían que crear nuevas estructuras orgánicas que demanden más recursos materiales, humanos o financieros.
La nueva Ley contra la Extorsión propone establecer un tipo penal por el delito de extorsión, así como penas que van de los 6 a los 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 11 mil 300 y 56 mil 500 pesos.
Además, la Ley incluye 34 agravantes, divididas en tres categorías, de acuerdo con las diferentes modalidades con las que se comete este delito. Entre las agravantes se encuentra el cobro de piso; la imposición de precios a productos, bienes o servicios; la utilización del sistema financiero y cuando la conducta se cometa en contra de personas que compiten por un cargo de elección popular.
