Presentan querella penal en contra del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá por supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en contra del Director de la Dirección Administrativa de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Ferreria Sanchez.
Los juristas José Abel Almengor y Valentín Jaén en representación de un empresario mexicano, denuncian públicamente el mal uso de los bienes de su representado al llegarle un factura del Sistema PANAPASS por un poco más de mil dólares de los vehículos supuestamente aprehendidos dicha entidad, pues están siendo utilizados por este alto funcionario.
Su equipo legal declaró que los vehículos de alta gama, valorados en más de ciento cincuenta mil dólares, no pueden ser utilizados a razón de que no tienen la capacidad de darle el mantenimiento, no tienen razones potenciales para el uso del los mismos, no han sido traspasados, sospechan que no tienen seguros, incluso que a algunos le han cambiado las placas para poder circular, lo que puede constituir un robo o un abuso de confianza, pues el cambiar las placas de un vehículo asegurado precautoriamente, deja ver el ánimo de apropiarse de ellos, de las autoridades.
Esto último fue expuesto por una investigación interna de su equipo legal al comprobar que las placas de los vehículos no correspondían a los mismos, luego que se verificara el numero BIM de los autos y darse cuenta que fueron cambiadas.
Señalan también que en repetidas ocasiones se le han negado la solicitud de administración de los mismos sin brindarle una excusa real por la cual no pueden ser transferidos bajo fianza para el debido mantenimiento y custodia.
En respuesta el Ministerio de Economía y Fianzas de Panamá publicó su respuesta en las redes sociales que mediante un reglamento interno les da la facultad de utilizar los bienes y en caso tal de ser devueltos pagaran las multas puestas por el sistema PANAPASS.
Sus abogados respondieron, que los vehículos siguen a nombre de su representado y se están aparando a su derecho constitucional de propiedad privada de los mismos, llamaron a esto un robo con impunidad.
El abogado Salvador Padilla, representante legal del empresario mexicano afectado, señaló que, ningún reglamento está por encima de la constitución de Panamá ni de la convención americana de derechos humanos, por lo que, la actuación de las autoridades, constituyen una serie de delitos que habrán de perseguirse y castigarse, pues el mensaje que están enviando las autoridades panameñas, es que los extranjeros no pueden tener bienes en Panamá, porque no hay ninguna garantía para proteger el derecho de propiedad.
