El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en todo el país, por un lapso de 30 días, debido a los hechos vandálicos, a la toma de carreteras y de caminos que se viven en el país. 

Hasta el momento, estas manifestaciones han dejado un saldo de siete personas muertas, del total de víctimas, cinco murieron en Andahuaylas, una en la provincia apurimeña de Chinchero y otra en Arequipa.  

Los manifestantes piden la liberación del expresidente peruano, Pedro Castillo, actualmente preso en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía; el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para 2023 y la renuncia de la presidenta que lo sucedió, Dina Boluarte.