El magistrado José Manuel Torres Ángel calificó como “lamentable” la noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) esté investigando a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial.
Durante la contramañanera, argumentó que otorgar o negar un amparo es parte de su trabajo y si no se está de acuerdo, se puede apelar la decisión a través de un tribunal superior:
“El conceder suspensiones no es un delito por el que tenga que aperturarse carpetas de investigación e instruir una causa penal a este tipo de servidores públicos”
“De hecho es una obligación de los jueces pronunciarse, ya sea porque se lo soliciten o de manera oficiosa”, agregó.
Por su parte, la magistrada Julia María del Carmen García, criticó el alto costo de la elección judicial en. 2025.
Señaló que esos 13 mil millones de pesos que pide el Instituto Nacional Electoral (INE) se deberían invertir en educación, salud y seguridad.
Incluso enumeró lo que equivale el presupuesto que solicitará el Instituto para la elección de juzgadores, frente al etiquetado en dichas materias:
- A 70% del presupuesto de la UNAM.
- A 40% el presupuesto del IPN.
- A 2% del presupuesto del Hospital Infantil.
- A 1% del presupuesto del Instituto Nacional de Psiquiatría.
- A 2.7% el presupuesto para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
