Mientras que estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, presentan los niveles más bajos de pobreza, Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen las tasas más altas de pobreza y pobreza extrema, es decir, esta condición sigue arraigada en el sur, afirmó Adriana Gómez Chico, responsable de la Agenda de Empresas Sociales en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
“También en la zonas rurales está más marcada la pobreza, el 46% de la población en zonas rurales viven pobreza mientras que en la zonas urbanas es el 25%, el 14% de la población en zonas rurales viven pobreza extrema, mientras que en zonas urbanas es el 3% de la población”.
En su momento Alejandra Haas, directora Ejecutiva de la organización OXFAM México, dijo que si bien el aumento al salario mínimo y la entrega de programas sociales, han ayudado a disminuir los niveles de pobreza en los últimos años, esto no ha alcanzado a la población indígena y rural.
“Creo que eso es importante porque hay que leerlo como una falla estructural de la política pública, que tiene pues una connotación discriminatoria, racista al fin y al cabo, porque si la política pública se encarga eminentemente de las problemáticas que tienen que ver con la población en general, y no pone atención específicamente a las personas y comunidades que han estado en una situación de desigualdad y de pobreza, realmente lo que podemos observar es que hay una un comportamiento discriminatorio estructural de parte de quienes hacen políticas públicas y legislación y quienes asignan presupuestos”.
Agregó que jornaleros que vienen de las zonas más pobres del país, como de la montaña de Guerrero, la desigualdad están profunda que no habría suficientes inspectores para poder acortar esa brecha de desigualdad que provoca explotación.
“La primera barrera es, una barrera de la discriminación estructural que proviene de no considerar la pobreza y la pobreza extrema de estas comunidades como una prioridad en la política pública nacional, pero todos los programas sociales y todos los programas de salud y los programas educativos también se ven afectados en su capacidad de llegar a estas comunidades que viven en pobreza y por lo tanto se crea como un contexto en el cual estas comunidades están fuera de la mira de la acción pública”.
En su momento Alberto Irezabal Director Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria (CIIES) de la Universidad Iberoamericana, destacó que esta exclusión y desigualdad histórica, quedan plasmadas en el Paquete Económico 2026.
En este sentido los especialistas consideraron que se deben impulsar proyectos que promuevan la economía social en las distintas regiones del país, pero en donde se les consulte a la población y no se quieran imponer modelos.
