El sector privado del país calificó como una “contrarreforma” la iniciativa constitucional al sector eléctrico presentada por el gobierno federal ya que golpearía las finanzas de las familias mexicanas y consumidores de electricidad; ahuyentaría inversiones impidiendo la reactivación de la economía; implicaría un importante costo presupuestario además de requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico y cancelaría la posibilidad de que México contribuya a la lucha global contra el cambio climático.
En un comunicado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la imposición de la reforma obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea; además no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes.
Por ello, el CCE que preside Carlos Salazar, llamó al Poder Legislativo a reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país.
