La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX CDMX) advirtió que la industria de la vivienda vive una crisis, lo cual representa un riesgo directo para la competitividad en la capital y del país.
Detalló que en la Ciudad de México existen más de 3 millones de viviendas particulares, con un nivel de ocupación superior al 90%, lo que evidencia una alta presión sobre el parque habitacional disponible. Al mismo tiempo, los hogares capitalinos destinan en promedio el 12% de su gasto total a vivienda y servicios, reflejando una carga económica significativa para las familias.
Esta realidad se agrava al considerar que cerca de una tercera parte de la población ocupada percibe ingresos de hasta un salario mínimo, lo que limita severamente su capacidad para acceder a esquemas formales de renta o financiamiento para la adquisición de vivienda.
Mientras que a nivel nacional, el escenario es igualmente preocupante. En los últimos 15 años, el valor de la vivienda aumentó cerca de 185%, mientras que los ingresos de los trabajadores no crecieron al mismo ritmo. Con un precio promedio que ronda los 1.86 millones de pesos, adquirir una vivienda se ha vuelto inalcanzable para millones de familias mexicanas.
La Coparmex en la capital del país destacó que esta situación se ve profundizada por una informalidad laboral que alcanza a más del 54% de la población ocupada, excluyendo a una parte significativa de los trabajadores de los mecanismos tradicionales de crédito hipotecario y formación de patrimonio.
Agregó que la falta de oferta asequible, reflejada en la caída de más del 77% en la producción de vivienda de interés social en menos de una década, así como los extensos y complejos procesos regulatorios, han generado un entorno que desincentiva la inversión, encarece los proyectos y limita la respuesta del mercado ante una demanda creciente.
Ante este panorama el organismo patronal consideró indispensable avanzar hacia una política de vivienda moderna; impulsar una regulación que agilice trámites, establezca plazos claros y brinde certeza jurídica a los proyectos de vivienda, sin comprometer la planeación urbana ni el desarrollo sostenible.
