Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, detalló que, de septiembre de 2022 a septiembre de este año, se registraron 29 mil denuncias y mil 288 alertas contra funcionarios públicos, las cuales que fueron clasificadas, atendidas y “en su caso remitidas a las autoridades para la investigación”.
El funcionario federal destacó que, en cuanto a los procedimientos de responsabilidades graves, al 30 se septiembre pasado se contabilizaban mil 580 expedientes, de los cuales, el 49% fue remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Se presentaron en este mismo periodo 99 denuncias penales, de octubre del 22 a septiembre del 23, asociadas principalmente a enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y abuso de autoridad”.
Ante los reclamos de diputados federales de oposición quienes criticaron la inacción y falta de sanciones en asuntos como Segalmex y la CONADE, en los que la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, pidió a los legisladores no confundir procedimientos administrativos con “daño patrimonial” al erario.
“Las observaciones de una auditoría, ni se pueden interpretar como daño patrimonial, una solicitud de aclaración es exactamente eso, el auditor no comprendió la operación de la política pública y pregunta, aclárame esto”.
El funcionario federal aseguró que la dependencia a su cargo ha hecho las denuncias correspondientes, mientras que la Auditoría Superior de la Federación se encuentra en el análisis de las respuestas a sus observaciones.
Detalló además que la dependencia a su cargo ha presentado ante el ministerio público mil 86 denuncias penales, de las cuales en 184 se declaró el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos o pruebas.
Añadió que actualmente se encuentran en análisis 902 procedimientos penales en la Fiscalía, y de estos, 437 son por delitos del Código Penal Federal que no se consideran como hechos de corrupción, sino ilícitos como uso de documento falso, usurpación de profesión y fraude entre otros.
Respecto al 51% restante de denuncias que sí tienen que ver con corrupción, puntualizó que “por delitos de enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público, peculado, ejercicio abusivo de funciones, cohecho y abusos de autoridad”.
