El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 constitucional para terminar con las ‘pensiones doradas’ de los exfuncionarios de organismos descentralizados y empresas públicas como Pemex, Nacional Financiera, CFE y Banobras, en medio de protestas de jubilados en el recinto legislativo que la rechazaban.
A ‘cacerolazos’, los manifestantes irrumpieron en San Lázaro y denunciaron la pérdida de derechos adquiridos, mientras se realizaba el debate en el Pleno.
La reforma limita las pensiones de jubilados y pensionados a un máximo del 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo, es decir, 70 mil pesos mensuales.
Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada por Morena, Haidyd Arreola, expresó que se busca corregir las desigualdades e injusticias en materia de pensiones. Además, reducir el gasto y dirigirlo a prioridades en materia de salud, educación e infraestructura
“El dictamen se encuentra sustentado en corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones. No siempre lo legal es justo, ni lo justo es lo legal. Viviendo en nuestro México un contraste de pensiones doradas con pensiones de pesos”.
En la oposición, el legislador del PRI, Alejandro Domínguez, señaló el carácter retroactivo de la reforma contra derechos adquiridos, aunque apuntó la necesidad de terminar con las pensiones ilegales.
“Pretenden aprobar una iniciativa que puede ser regresiva y que puede atentar contra derechos adquiridos sin un análisis profundo. Eso no es legislar, eso es atropellar. Porque cuando no se dialoga con quienes se ven afectados, el diálogo no es nada más escuchar el diálogo es un intercambio de opiniones y de ideas. Eso cuando se ignoran las voces no es eficiencia”.
Otra postura que se registró durante el debate fue la del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, cuando su legisladora, Iraís Virginia Reyes de la Torre, se mostró a favor de acabar con las pensiones millonarias, pero criticó que se establezca como parámetro el salario presidencial.
“La adición a la fracción cuarta del artículo 127, materia de pensiones, parte de una premisa políticamente atractiva. Limitar beneficios excesivos, pero jurídicamente puede ser problemática. Utilizar como parámetro el salario presidencial, que es una referencia política variable y discrecional, no es un indicador técnico ni estable, ya que hoy puede ser un monto y mañana otro. Con ello se genera incertidumbre jurídica para miles de personas sujetas a este régimen”.
