Instancias de gobierno deberán entregar la información solicitada

La Corte adoptó dos decisiones que favorecen al INAI por encima de los argumentos de la Consejería Jurídica del gobierno federal.

Primero, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutió el tema del recurso de revisión Interpuesto por la Consejería jurídica de la Federación, en el sentido de que la Secretaría de Medio ambiente no entregara copias de la documentación que hizo llegar a la oficina de la alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., CALICA, subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company, que es la misma empresa que ha sido señalada de causar desastres ambientales en Playa del Carmen. La Corte determinó que entregar copias de esa información no vulnera en modo alguno la seguridad nacional como lo sostuvo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá: “Se califican como infundados los agravios formulados por la Consejería Jurídica del ejecutivo federal, los cuales consisten en el INAI debió de haber analizado la causal de reserva por seguridad nacional respecto del escrito y de los anexos presentados ante la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, concluyendo que no es posible sostener que se actualiza la causal de excepción en virtud de la seguridad nacional, ni se encuentran elementos para sostener la existencia de un interés en este contexto”.

De tal suerte la Secretaría de Medio Ambiente, deberá completar ese requerimiento.

Por otro lado, también en el pleno del alto tribunal, se discutió otro recurso de revisión interpuesto por la Consejería Jurídica, donde se sostenía que dar a conocer los montos por los que se celebraron 6 contratos para abastecer de energía eléctrica a Baja California en el año 2022, vulneraba la seguridad nacional, como lo argumentó la ministra ponente del proyecto que no fue apoyado por la mayoría de los impartidores de justicia, Loretta Ortiz Ahlf: “No resulta relevante que los contratos del protocolo correctivo del año 2022 hayan perdido su vigencia pues lo que se pretende es proteger que los futuros contratos se lleven a cabo eficazmente y sin ninguno obstáculo como no es el riesgo para la seguridad nacional e implica divulgar de manera inmediata los precios de los contratos de ese año”.

Por el contrario, el ministro Luis María Aguilar Morales, dijo que el hecho de que se conocieran los montos por los que se firmaron esos contratos no vulneraba la seguridad nacional porque no se trata de hacer pública información de la forma de operación de la infraestructura eléctrica en Baja California: “Yo respetuosamente no comparto el sentido del proyecto pues considero que la divulgación de la información relativa a los precios de los 6 contratos celebrados en 2022 bajo el protocolo de emergencia para la contratación de potencia en el sistema eléctrico de Baja California, no actualiza un riesgo a la seguridad nacional”.

Ambas sentencias van en el sentido de que los dos sujetos obligados, entreguen la información que se les pidió, dejando firme la resolución adoptada en su momento para cada asunto, por parte del INAI.