Diputados federales aprobaron cambios a la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer que gran parte de los recursos e intereses de cuentas bancarias de ahorro, inversión o cheques, vencidas o no reclamadas, que han permanecido primero por tres años sin movimientos en los bancos, y luego otros tres años en cuentas globales, y que además no enfrentan un juicio, se destinen a cuestiones de seguridad pública.
En el iniciativa que presentaron los diputados de Morena Juanita Guerra e Ignacio Mier Velazco, se mantiene el texto actual de la ley, respecto a que las cuentas cuyo monto no exceda las 540 Unidades de Medida y Actualización, alrededor de 52 mil pesos, prescribirán en favor de la beneficencia pública, mientras que lo que cambia, es que ahora el recurso restante, se destinará a acciones de combate a la delincuencia, y no se quedará en la banca en espera de algún reclamo, como ocurre actualmente, tal como lo explica el diputado Ignacio Mier.
“Ese tipo de recursos que quedaron abandonados se va a una cuenta global después de seis años, con eso financia la banca comercial, a todos los cuentahabientes o tarjetahabientes y es un dinero que tampoco es de ellos, que le están sacando un provecho, que está generando utilidades para la banca”.
El diputado Ignacio Mier, detalló que del total acumulado en las llamadas cuentas globales de los bancos, al menos diez mil millones de pesos podrían usarse para el combate a la inseguridad.
“Tenemos conocimiento de un corte hasta hace cinco meses, que había poco más de 75 mil millones de pesos, tendrá que ver una revisión también sobre cuál es el estatus jurídico, lo que sí es cierto es que al menos ahora hay disponibilidad de más de diez mil millones de pesos, y ellos son los que se podrían disponer de manera inmediata”.
El diputado Ignacio Mier, explicó que se establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública junto con la Secretaría de Hacienda repartirán los recursos obtenidos con esta reforma, como sigue, 45% a la Federación, 30% a los estados y 25% para los municipios.
Sobre la forma en cómo deberán gastarse el dinero quienes lo reciban, puntualizó “que todo será exclusivamente para equipamiento e infraestructura policial, uniformes, botas, chalecos, todo lo que tiene que ver con garantizar y que sea complementario a lo que ya hicimos con las reformas en materia de Guardia Nacional, que ya se abordó el tema de profesionalización, capacitación”.
Cabe detallar que la actual Ley de Instituciones de Crédito contempla que, si una cuenta no tiene movimientos durante tres años, este recurso se va a una cuenta global que manejan los bancos, donde permanecerá por tres años más, tiempo en que el dueño puede reclamar ante el banco su propiedad para que le sean devueltos sus recursos de manera íntegra.
Además, 90 días antes de que venza el primer plazo de tres años de inactividad y previo a que el recurso sea enviado a una cuenta global, el banco deberá informar al dueño del dinero, a través de los medios de contacto que éste haya dejado al momento de apertura la cuenta, que, si no se comunica con su institución financiera o realiza algún movimiento, los recursos se trasladarán a una cuenta global, y que en caso de que la inactividad se mantenga por tres años más y el monto sea de hasta 51 mil 900 pesos, el dinero irá a la beneficencia pública.
Con esta reforma, las cuentas de ahorro, inversión o cheques superiores a las 540 UMAS que permanezcan por más de tres años en la cuenta global, se destinarán a cuestiones de seguridad pública, y ya no permanecerán de manera indefinida en esta cuenta global.
La Condusef recomienda que para que una cuenta bancaria no pase al estatus de cuenta inactiva o abandonada, se deben mantener actualizados los datos personales de la cuenta y los contactos, como son el nombre completo, domicilio y los beneficiarios.
También se pide revisar de manera periódica el estado de cuenta, informar a los beneficiarios la existencia de dichas cuentas para que puedan ser reclamadas, y en caso de que la cuenta esté en una cuenta global, se deberá acudir al banco con una identificación oficial y el contrato de la cuenta para reclamar los recursos.
