Este martes la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra del juez federal, Roberto Omar Paredes Gorostieta.
El Jefe de Gobierno, Martí Batres, explicó que esta denuncia es por la participación del Juez en la liberación de Fabián Osvaldo “N”, alias “El Cachorro”, líder de la célula delictiva “La Ronda 88” y uno de los generadores de violencia más peligrosos en la capital.
“Lo que más buscamos, es que haya justicia, en el fondo lo que nos interesa es que los jueces federales no obstruyan la acción de la justicia… este tipo de jueces en lugar de proteger a la sociedad, lo que hacen es ponerla en peligro, estas personas no tienen vocación de justicia, no tienen por qué estar ahí, en estos cargos”, señaló.
Recordó que Fabián Osvaldo “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, por lo que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo esperaba a su salida de los juzgados. No obstante, existen pruebas de que obtuvo ayuda para escapar y con ello, evadir su detención.
“Estos son los tres elementos que quiero subrayar: se trata de un juez federal, se trata de un juez federal llamado Roberto Omar Paredes Gorostieta, contra el que presentamos la denuncia; la persona liberada se trata de un peligroso generador de violencia buscado por las autoridades de la Ciudad de México; y en tercer lugar, quiero subrayar que se le dejó salir por la puerta de atrás y se le ayudó a transformar su imagen para no ser percibido en su huida, prácticamente desde el juzgado se le ayudó a huir y a evadir la acción de la justicia”, indicó.
Por su parte, el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Solano Vargas, reiteró que las sanciones que podría enfrentar el juez se encuentran establecidas en el Código Penal Federal y son de carácter privativo de la libertad, además de penas económicas y la destitución de su cargo.
“En materia penal, lo que se establecen son sanciones de carácter privativo de la libertad, que como lo señalamos ayer, tiene una prisión de 4 a 10 años de prisión; también se establecen penas económicas y también se ha hablado con la Fiscalía General de la República a efecto de que instaure una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que, de manera inmediata, lo suspendan, lo suspendan y en su caso lo sancione, obviamente este es en el ámbito de la responsabilidades administrativas”, concluyó.
