Pese a que los Poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a presentar un estudio de impacto presupuestario de todas las iniciativas que presentan, los servidores públicos ‘esquivan’ dar a conocer esta información, aunque se trata de un elemento fundamental para mantener las finanzas públicas sanas.
“Nos hemos dado cuenta que el cumplimiento de esta práctica es discrecional, en múltiples dictámenes de la Cámara de Diputados solemos encontrar que no se incluye el impacto presupuestario o este indica que no genera un impacto presupuestario”.
Así lo aseguró Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en el webinar “Gasto público justo y eficiente: una herramienta para la igualdad”, en donde aseguró que esta obligación está estipulada en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Puso como ejemplo el paquete de reformas que fueron presentadas por el expresidente el pasado 5 de febrero, pues no se presentaron las estimaciones de cuánto representarán para el presupuesto de egresos de la federación. En caso de darse a conocer, aseguró que se tienen que informar las metodologías.
En este sentido, detalló que se debe revisar la legislación al respecto para regular los elementos, criterios y metodologías, con el objetivo de no comprometer la situación fiscal del gobierno.
