A pesar del discurso que se tiene en Palacio Nacional en el que se asegura que se trabaja por el beneficio de los trabajadores y que la 4T está para apoyarlos, la realidad es que al interior de la actual administración la realidad es otra, un claro ejemplo es lo que está pasando en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Desde la llegada de Armando Ocampo, cómo subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente y quien es el encargado de despacho, comenzó una serie de despidos que se estima será de hasta 300 personas, el argumento es que no pertenecen al proyecto.
Berenice Ayala Ortiz, Subprocuradora de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional, es quien les avisa que ya no tendrán empleo
“Nosotros nos estamos incorporando, estamos creando estos espacios para poder generar una nueva forma de trabajar, un nuevo equipo de trabajo, esto no es nada personal, no es por cuestiones de mal desempeño o de poca eficiencia”
A quienes son despedidos se les obliga a firmar la renuncia, en caso de que no lo hagan se les da de baja, con lo cual en cualquiera de los dos casos no se les entrega algún tipo de finiquito, ni prestaciones de ley.
Tampoco se pueden hacer efectivos los seguros por desempleo o algún tipo de apoyo bancario, lo cual pone en aprietos a los trabajadores, incluso les piden que después de firmar la renuncia apliquen su periodo vacacional para que así ya no tengan ingreso al edificio
“Es al 30, la idea es que entregues ahorita y si tú quieres tomar vacaciones los días que restan está bien, solo se tiene que presentar el formatito y esas aplican a partir de mañana”
Cabe señalar que la designación del nuevo subprocurador se dio de manera irregular ya que fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo realizó, esto a pesar de que el Estatuto Orgánico de la PRODECON, en su título tercero, capítulo primero establece que es facultad del titular de Procuraduría “nombrar y remover a los servidores públicos cuando se justifique plenamente”, lo cual evidentemente no ocurrió.
Armando Ocampo fue titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, fue removido del cargo tras los señalamientos por omisiones e insensibilidad con los familiares de los que fallecieron en el colapso en la Línea 12 del Metro.
