La denominada “ley garrote” aprobada este fin de semana, es una iniciativa que castigará con 10 y hasta 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas o bloqueos en las carreteras o impidan la ejecución de obras públicas.
La propuesta enviada al Congreso del Estado por el gobernador Adán Augusto López Hernández, prevé modificar los artículos 299, 306, 307 y 308, adicionando el artículo 196 Bis, y del artículo 308 Bis, del Código Penal de Tabasco.
Ante la insistencia de que la ley es para llevar a la cárcel a los opositores a la refinería de Dos Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso no sucederá, pues en Tabasco nadie está en contra del proyecto justificando que se realizó una consulta ciudadana y los habitantes del estado, estuvieron de acuerdo.
Por lo que pidió al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que explique en qué consiste esta normativa, para evitar malas interpretaciones.
Al respecto, el Secretario de Gobierno de Tabasco, Marcos Rosendo Medina, afirmó que la iniciativa, está dirigida a falsos sindicatos: “La protesta ciudadana es un legítimo derecho que está previsto en la Constitución, insisto, esta reforma al Código Penal es antiextorsión, en ningún momento es antimanifestación”.
La reforma será votada en el Pleno este lunes y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, pero los legisladores del PRI anticiparon su voto en contra con el argumento de que es “incongruente” castigar una práctica que promovió hace más de dos décadas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre 2012 y 2018, Tabasco registró casi 2 mil protestas, de acuerdo con datos del Gobierno del estado y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab). Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los entes que más acciones de este tipo acumula.
