Por unanimidad, el Congreso de Durango aprobó reformas al Código Penal estatal, donde se tipifica como delito la cobranza ilegítima y se sancionan las prácticas de hostigamiento.
El objetivo es frenar las conductas abusivas e intimidatorias perpetradas por despachos de cobranza o particulares, contra ciudadanos que presentan morosidad en sus pagos.
La reforma establece sanciones para quienes recurran a la coacción, la amenaza o la violencia psicológica para exigir el pago de adeudos.
Se consideran conductas delictivas aquellas que involucren hostigamiento constante. Entre las acciones que los legisladores buscan erradicar se encuentran:
Realización de llamadas telefónicas en horarios nocturnos, de madrugada o durante fines de semana.
Envío de cartas intimidatorias a domicilios particulares o centros de trabajo de los deudores.
Simulación de documentos judiciales o administrativos para engañar al ciudadano.
Atribución de facultades de autoridad por parte de gestores privados de cobranza.
Los legisladores señalaron que estas prácticas carecen de ética y legalidad, ya que vulneran los derechos fundamentales mediante la divulgación indebida de información personal y la presión psicológica sistemática.
